“Una vacuna contra la delincuencia”: Abelardo De La Espriella anuncia radicación del estatuto antiterrorista en el Congreso

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la radicación de un proyecto de estatuto antiterrorista en el Congreso, que busca endurecer las medidas contra organizaciones criminales y grupos armados ilegales. El proyecto incluye la creación de un registro de organizaciones terroristas y permite congelar bienes y aplicar penas severas. Además, se mencionó un decreto que reglamentará la protesta en Colombia, buscando separar lo que la Constitución protege de lo que la ley persigue. El Gobierno cuenta con el apoyo de algunos sectores políticos para el trámite del estatuto.

Decreto para sancionar la protesta violenta entraría a regir cuando la oposición prepara su primera movilización contra el Gobierno

El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella, está por firmar un decreto que sancionará la protesta violenta. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el decreto entrará en vigor el 9 de octubre. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) ha convocado una movilización para el 14 de octubre en contra del Gobierno, respaldada por el expresidente Gustavo Petro. Aunque Petro ha pedido que la marcha sea pacífica, hay preocupaciones sobre posibles actos de violencia, dado que manifestaciones anteriores han terminado en enfrentamientos.

S&P Global advierte que Colombia combina giro proinversión con riesgos de protesta y cambios regulatorios

Colombia ha iniciado una mayor apertura hacia la inversión privada en hidrocarburos y minería, según S&P Global. Sin embargo, la capacidad del Gobierno de Abelardo De La Espriella para implementar esta agenda dependerá del Congreso y de la conflictividad social. Los analistas advierten sobre la posibilidad de protestas debido a recortes del gasto público y la expansión de proyectos extractivos. Además, se menciona que el país podría estrechar su relación con Estados Unidos, mientras que la ejecución de inversiones en petróleo, gas y minería dependerá de la capacidad del Gobierno para gestionar reformas y la oposición social.