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Nivel de alerta: Alta

Santa Marta es una ciudad a la que siempre hay que volver

El gobierno de Colombia ha decidido rescatar Santa Marta de los grupos ilegales, lo que se considera un primer paso positivo. La ciudad enfrenta un drama social, con un 28,6% de su población calificada como vulnerable. Se menciona la necesidad de generar empleo digno para los jóvenes involucrados en estructuras criminales. La ocupación hotelera ha caído por debajo del 15% en zonas rurales debido a la inseguridad, lo que ha llevado a cancelaciones masivas de reservas. Se sugiere la realización de alianzas público-privadas y un Conpes para mejorar la situación en Santa Marta.

Abelardo De La Espriella anuncia guerra sin tregua contra la minería ilegal en Colombia y entrega resultados de un certero golpe: “Mi orden”

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una guerra contra la minería ilegal en Colombia, destacando la Operación Aquiles en Río Viejo, Antioquia, donde se inutilizaron varias máquinas utilizadas para la extracción de oro. Informó que la minería ilegal está vinculada a grupos armados y que la operación afectó la cadena logística de estos grupos en $6.264 millones. De La Espriella afirmó que cada máquina retirada significa menos contaminación y daño al río Nechí, y reiteró su compromiso de combatir la minería ilegal y el narcotráfico en el país.

¿Ecópata o falso ambientalista?

Durante el gobierno de Gustavo Petro, la extracción ilícita de minerales ha aumentado en Colombia, con un crecimiento del 11% en la explotación de oro de aluvión entre 2022 y 2023. En Antioquia, se observan cerca de 200 dragas en el río Nechí, y el 76% de la extracción fue clasificada como no autorizada. La Agencia Nacional de Minería reasumió funciones de titulación y fiscalización en 2024, mientras la extracción ilícita avanzaba. La producción aurífera legal ha mostrado retrocesos, afectando las regalías que financian servicios en los municipios mineros. Se requiere una política diferente para proteger a los mineros legales y combatir la extracción ilícita.

Paneles en casas deshabitadas, fallas y comunidades a oscuras en La Guajira: SEMANA evidenció graves retrasos en el contrato solar por $300.000 millones

El convenio entre el Ministerio de Minas y Dispac para instalar paneles solares en más de 10.000 viviendas en La Guajira enfrenta graves retrasos. A dos meses del vencimiento de los contratos, solo se han energizado 862 soluciones, lo que representa el 8,1 % de lo prometido. Las comunidades afectadas reportan que no han recibido materiales ni instalaciones, y muchos hogares permanecen sin energía. Los contratistas han recibido más de 100.000 millones de pesos en anticipos, pero el avance real está muy por debajo de lo programado, generando descontento entre los habitantes.