Se trata de una decisión vía resolución, cuyo objetivo es “actualizar el área geográfica efectiva” de la zona.
La derogación de la resolución que ampliaba la reserva temporal del páramo de Santurbán hasta 2029 implica un riesgo significativo para la biodiversidad y la seguridad hídrica de las comunidades locales, lo que puede resultar en conflictos socioambientales. La decisión del gobierno de derogar esta resolución puede ser interpretada como un intento de flexibilizar la normativa ambiental, lo que podría facilitar la expansión de actividades extractivas en la zona, generando tensiones sociales y afectando la gobernanza local. Además, la falta de consulta previa y la posible militarización de la zona para proteger intereses económicos aumentan la gravedad de la situación, justificando así un nivel de alerta alto.