Las demoras han sido críticas, especialmente para el sector minero-energético.
La directriz presidencial radicada plantea cerrar procesos de consulta previa tras agotar gestiones de buena fe, incluso cuando las comunidades y las entidades no hayan alcanzado acuerdos, y permite avanzar en paralelo con la evaluación de licencias ambientales. Al reemplazar medidas de mitigación acordadas por decisiones separadas de las entidades, puede debilitar la participación efectiva y la protección de los pueblos afectados por proyectos estratégicos, con riesgos para la justicia ambiental, energética y social.
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