Durante el gobierno de Gustavo Petro, la extracción ilícita de minerales ha aumentado en Colombia, con un crecimiento del 11% en la explotación de oro de aluvión entre 2022 y 2023. En Antioquia, se observan cerca de 200 dragas en el río Nechí, y el 76% de la extracción fue clasificada como no autorizada. La Agencia Nacional de Minería reasumió funciones de titulación y fiscalización en 2024, mientras la extracción ilícita avanzaba. La producción aurífera legal ha mostrado retrocesos, afectando las regalías que financian servicios en los municipios mineros. Se requiere una política diferente para proteger a los mineros legales y combatir la extracción ilícita.
La noticia destaca un aumento significativo en la extracción ilícita de minerales en Colombia, con un 76% de la extracción de oro de aluvión clasificada como no autorizada, lo que implica una grave violación de derechos y un impacto negativo en la gobernanza y la política ambiental. Además, se menciona la intervención de la Agencia Nacional de Minería, que ha reasumido funciones de titulación y fiscalización, pero el contexto de impunidad y la perpetuación del modelo extractivista sugieren un entorno de alta conflictividad y violencia, lo que justifica clasificar esta situación en un nivel de alerta alto.
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